En mayo de 2014 un juez ordena el desalojo y derribo de Can Vies, Centro Social okupado en el barrio de Sants desde 1997, tras romperse las negociaciones con el Ayuntamiento.
Las protestas contra el desalojo de Can Vies (cuyo propietario es la empresa pública Transportes Metropolitanos de Barcelona) duran varias noches seguidas y hay numerosos detenidos. Los medios divulgan con detalle la información del mobiliario urbano dañado: desde las barricadas hechas con contenedores, la unidad de TV3 quemada o la excavadora que pretendía derrocar el edificio incendiada. Los daños materiales son revelados y cuantificados por los medios cuando hay protestas, sin embargo no suelen reportar (o si lo hacen no ocupa portadas), las personas heridas por la policía. La estrategia funciona y los debates en radio y televisión acaban convergiendo en asunto del valor económico de un contenedor en lugar de en los ojos que pierden los manifestantes por balazos de goma de los cuerpos de seguridad o de la labor que este tipo de espacios hace para fortalecer el tejido social de los barrios.
Dado que en en ese momento la alcaldía de Barcelona estaba en manos de Convergència i Unio, y para darle la vuelta al argumento usando su misma estrategia se propone comparar el valor de los contenedores con el dinero robado en el Caso Palau. Esto se lleva cabo mediante una visibilización infográfica de datos y el resultado es claramente desproporcionado: el contraste es tal que el valor de los contenedores resulta ridículo respecto al valor robado por miembros del partido del gobierno. La analogía pone de manifiesto cómo los medios enfatizan aquello que les interesa ideológicamente.
La imagen se viraliza rápidamente en las redes y tiene gran repercusión, de modo que se realiza una segunda versión dedicada en esta ocasión a comparar el gasto en contenedores con los elevados y poco transparentes sueldos de los directivos de TMB.
Pese a que en esta ocasión Xavier Trias no se muestra partidario de los espacios autogestionados, poco después pagaría durante un año el alquiler del espacio okupado Banc Expropiat para evitar conflictos de cara a las inminentes elecciones municipales que acabaría perdiendo, lo cual no hace sino confirmar el carácter político del intento de desalojo de Can Vies.
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